Los índices de criminalidad continúan bajando a medida que los resultados operativos de la Policía muestran un mejor comportamiento, es una de las conclusiones que dejó el Consejo de Seguridad presidido la mañana del pasado viernes, por el Alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román.
Los delitos de alto impacto como el hurto a personas pasó de 147 casos en el primer trimestre del 2015 a 83 en el 2016, representando una reducción del 44%; hurto a comercio se redujo de 30 hechos a solo 10 en el mismo periodo, un 67% menos, y el hurto a automotores bajo en 43%, pasando de 7 hechos a 4.
La extorsión, que en otros tiempos azotó al Municipio, sigue reduciéndose, p
Reducción en hurto a personas, comercio y automotores en Tuluá
asando de 25 casos en 2015 a 11 en el 2016, bajó en 56%. Aunque al comienzo de año se evidenció un incremento en el hurto a motocicletas, durante este primer trimestre las autoridades lograron recuperar 15 de estos vehículos, mejorando la operatividad en 107%.
“Tuvimos un aumento en la cifra de homicidios en la primera quincena de febrero, pero este índice empieza a mostrar mejoría con los operativos realizados a sectores considerados focos de inseguridad, donde se han incautado 38 armas de fuego, entre ilegales y otras que tenían permiso.
Infortunadamente los ajustes entre estructuras delincuenciales o personas vinculadas a actividades ilegales continúan generando crímenes en la ciudad”, indicó el mayor Julio Fernando Mora, comandante (e) del Distrito Policía Tuluá.
Durante el Consejo de seguridad también se tocó el tema de la cárcel de Tuluá, “fue una miopía y una falta de planeación permitir la construcción de una cárcel de mediana seguridad en mitad de un barrio, en detrimento de la calidad de vida de la comunidad, por eso lo que ellos piden en contraprestación es mínimo y justo”, le dijo el Alcalde al director del centro carcelario.
Finalmente, el Mandatario se comprometió a realizar gestiones en Bogotá ante los directivos del Inpec o el Ministerio del Interior, para encontrar soluciones y recursos que permitan aliviar los problemas generados por la crisis de hacinamiento carcelario y de la población que están sindicados pero aún no son condenados.
