
La Administración Municipal con la presencia de la delegada de la Procuraduría Provincial de Buga, María del Rosario Ramos Moncayo, delineó los parámetros para dar cumplimiento a los requerimientos realizados por el Juzgado Sexto Civil Municipal, que falló en primera instancia una acción de tutela interpuesta por los ocupantes de la Ralladora de Yuca.
Aunque la Alcaldía de Tuluá, haciendo un gran esfuerzo con los recursos que aportan todos los tulueños, ha venido cumpliendo cada uno de los compromisos adquiridos con estas familias, el juez que conoció el caso consideró que se debe brindar asesoría permanente en el proceso de autoconstrucción de las viviendas.
Si bien la Alcaldía está entregando subsidios de arredamiento durante tres meses a algunas familias, en esta oportunidad el togado extendió el plazo de desalojo del predio a seis meses, medida que fue impugnada por la Administración siendo concedida, por lo que será un juez del circuito de esta ciudad quien defina en segunda instancia el recurso.
Asimismo, es pertinente señalar que el Juzgado Sexto Civil Municipal, también ordenó a las familias que ocupan de forma irregular el predio, que de manera consciente y voluntaria presten toda la colaboración a la Alcaldía Municipal con relación a las alternativas de vivienda ofrecidas y cumplan de manera irrestricta las obligaciones a las que se han comprometido en el acuerdo de voluntades.
Cabe señalar que el día de ayer fueron citados al Despacho un delegado de cada una de las seis familias a una reunión con la finalidad de establecer los parámetros que permitan dar cumplimiento a la tutela, pero ante la falta de voluntad de los ocupantes, quienes llegaron en compañía de un abogado que solo representa a una de las accionantes y su negativa a ingresar a la reunión, la misma se adelantó con la presencia de la Procuraduría como garante.
Como es de conocimiento público este lugar se está recuperando para beneficio de todos los tulueños, ya que allí se construye un Parque para la Primera Infancia, obra que está sufriendo retrasos por la reticencia de las familias a aceptar los beneficios otorgados.